Flor Dell’Agnolo y Toñi Sánchez, en base a su experiencia en Fundació Deixalles y en la administración respectivamente, han señalado la importancia de que los empresarios depositen su confianza en personas con discapacidad pero perfectamente capacitadas para desarrollar un trabajo. Por su parte, la diputada autonómica y ex-consellera de Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha reiterado la necesidad de que en el ámbito socio-sanitario haya un ‘gran pacto’ entre todos los partidos para que haya políticas socios-anitarias coordinadas que no dependan de la alternancia politica.

Por su parte, Luis Cayo Perez, presidente de CERMI nacional, ha explicado que lo social cuenta cada vez más en el criterio del elector: “el ámbito socio-sanitario forma ya parte de la política con mayúsculas. Todo lo que tiene que ver con los derechos sociales es fundamental en una sociedad decente y organizada. Estamos hablando de la dignidad de las personas, hay que solidarizarse con los miembros de la sociedad que están en una situación objetiva de desamparo o desigualdad, lo que exige que haya políticas del Estado obligadas hacia esa solidaridad para qe nadie quede a su suerte».

En cuanto al modelo de Servicios Sociales hacia el que habría que dirigirse, Luis Cayo ha apuntado que los Servicios Sociales deben ser un derecho fundamental y hay que trabajar en una ley estatal de servicios sociales, el Estado debe garantizar el apoyo económico y social de los ciudadanos dependientes pero desde una óptica de la autonomía: “tenemos que ir a sistemas que ayuden a las personas y familias y que ellos mismos configuren qué tipo de ayuda quieren». “Los Servicios Sociales no son potestad del poder público sino que las politicas sociales tienen que ser cooparticipadas con la sociedad civil organizada que debe ser un agente activo en la búsqueda de esas estrategias comunes y participativas»