El Partido Popular impugna las cuentas  del Ayuntamiento de Vila para 2017  al entender que no se ajustan a la ley

El Partido Popular impugna las cuentas del Ayuntamiento de Vila para 2017 al entender que no se ajustan a la ley

Los concejales ‘populares’ sostienen que el gasto en personal supera el uno por ciento que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado

 

Eivissa, 29 / 11 / 2016.- El grupo municipal del Partido Popular ha presentado una reclamación administrativa a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Eivissa para 2017 al entender que el gasto en personal supera el uno por ciento y se sitúa en un 1,6%, lo que supone vulnerar los límites establecidos en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). La portavoz ‘popular Virginia Marí ha asegurado que las cuentas municipales de Vila para 2017 suponen “un error y un claro incumplimiento de la legalidad” y ha advertido de que este presupuesto puede forzar un recurso de la Delegación del Gobierno.

El artículo 20 de la LPGE 2016 prohíbe toda ampliación de plantilla e incorporación de nuevo personal que no se ajuste a los límites sobre la tasa de reposición de efectivos, y la contratación de personal laboral temporal y selección de funcionarios interinos, se contienen en la misma, siendo su objetivo congelar las plantillas vetando la incorporación de nuevo personal

La concejal ‘popular’ María Fajarnés ha explicado que la finalidad de la norma es congelar las plantillas “limitando la incorporación de nuevo personal, como mecanismo de contención del gasto público”. “En ningún caso, es un intento de entorpecer la gestión del Ayuntamiento, pero lo que tampoco puede ser es que, bajo el chantaje de Guanyem, se permita transgredir la ley”, ha asegurado Fajarnés, quien ha añadido que la norma busca “equilibrar las cuentas públicas, evitar despilfarros y ruinas muy frecuentes en los gobiernos de izquierdas”.

Fajarnés entiende que esta norma prohíbe no sólo la creación de nuevas plazas, entendida como ampliación de plantilla, sino la “incorporación de nuevo personal”, ya sea por medio de interinos que cubran plazas dotadas pero vacantes (art. 20.2), como la cobertura mediante funcionarios de carrera de plazas dotadas pero vacantes u ocupadas por interinos (art. 20.1).

Así, la posibilidad de ampliar la plantilla municipal queda limitada al cumplimiento de los límites impuestos por la aplicación de la tasa de reposición de efectivos. Las portavoces ‘populares’ han advertido de que el criterio que están siguiendo las delegaciones del Gobierno sobre la creación o ampliación de plazas en plantilla es restrictivo y vienen impugnando las ampliaciones de plantilla que vulneran los límites del artículo 20 de la LPGE.

María Fajarnés ha explicado que se pretende incluir en la plantilla orgánica municipal nuevos puestos de trabajo de funcionarios. La interpretación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento es que el artículo 20 no prohíbe la creación de puestos en plantilla, sino la incorporación de nuevo personal. Lo que se pretende con esto es que una vez se apruebe la plantilla operar de dos maneras: primero cubrir la plaza por promoción interna y posteriormente acreditando la urgencia y necesidad cubrir los puestos que han quedado vacantes con carácter interino. La segunda es declarar directamente la necesidad y urgencia de las plazas creadas y proceder al nombramiento de personal interino.

Interpretación torticera del PSOE

“Nuestro criterio es contrario a estos planteamientos y entendemos que la normativa al efecto (Ley de presupuestos y Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria) tiene por objeto limitar el gasto de personal y sólo permite las tasas de reposición”, ha manifestado la concejal del Partido Popular. A juicio de Fajarnés, “el equipo de Gobierno hace una interpretación torticera del artículo 20 y, por ejemplo, crea dos plazas de oficial de segunda de jardinería promocionando a dos operarios para, posteriormente, cubrir esas dos plazas que han quedado vacantes con personal interino”.

La concejal ‘popular’ ha acusado a los concejales de Guanyem de forzar al alcalde de Eivissa, Rafael Ruiz, a incluir en estos presupuestos un nuevo cargo de confianza, con un salario de 30.000 euros anuales, lo que “contribuye a encarecer el capítulo de Personal, a incumplir sus compromisos electorales, a decir ‘donde dije digo, digo Diego’ y a tirar el dinero público en cargos para amigos”.

En la reclamación presentada por el Partido Popular se solicita que se anule el proyecto de Presupuestos de 2017 aprobado inicialmente y que se realicen los “ajustes y modificaciones que se requieran para que las cuentas del municipio de Eivissa cumplan la Ley”. El plazo para presentar reclamaciones contra la aprobación inicial del presupuesto municipal finalizó el pasado viernes 25 de noviembre, una vez transcurridos los quince días hábiles que fija la ley desde su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el pasado 5 de noviembre.

 

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