- Miquel Jerez reclama la tramitación en el Congreso de la ley del PP que permitiría aportar seguridad jurídica y proteger actividades tradicionales en el litoral
24 de junio de 2026
La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, ha asistido este miércoles al debate en el Senado de una moción impulsada por el Grupo Popular en defensa de las actividades tradicionales vinculadas al litoral y del patrimonio social, cultural y económico de las zonas costeras. En este sentido, ha reclamado una moratoria para estos establecimientos que tradicionalmente han estado regentados por ibicencos y que se ven amenazados ahora por la política de Costas del Gobierno de España.
Miquel Jerez ha acompañado a la primer edil de Santa Eulària y al resto de alcaldes en una reivindicación que tiene especial relevancia para Balears.
A la jornada también han asistido numerosos alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios del litoral español afectados por la aplicación de esta normativa. Antes del debate, los representantes municipales han mantenido una reunión con la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, para abordar la situación que atraviesan numerosos establecimientos tradicionales amenazados por expedientes de demolición o por la incertidumbre derivada de la actual política de costas del Ejecutivo central.
La moción debatida reclama la paralización de actuaciones irreversibles sobre actividades tradicionales del litoral mientras se revisa el marco normativo actual, reforzando los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y cooperación institucional entre administraciones. Asimismo, defiende la compatibilidad entre la protección medioambiental y la preservación de aquellas actividades que forman parte de la identidad de los municipios costeros.
Carmen Ferrer ha señalado que se pide “algo tan razonable” como detener decisiones irreversibles mientras se busca una solución: “Las demoliciones que amenazan a dos establecimientos en Cala Llonga, si se ejecutan, no tendrán marcha atrás. Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo y de reflexión antes de seguir avanzando por un camino que amenaza con hacer desaparecer parte de la historia de nuestros pueblos”, ha sentenciado.
Además, Ferrer ha afirmado que estos negocios “no son una construcción más” para Santa Eulària y su gente. “Estamos hablando de negocios familiares que llevan décadas formando parte de la vida del municipio, de nuestra oferta turística y de la memoria colectiva de miles de personas. Quien conozca Santa Eulària sabe perfectamente que estamos hablando de elementos que forman parte de nuestra identidad y que merecen un tratamiento distinto al de cualquier otro expediente administrativo”.
“Defender el medio ambiente y proteger nuestro patrimonio tradicional son objetivos compatibles. Lo que se necesita únicamente es voluntad política para buscar puntos de encuentro. No se puede gestionar el litoral exclusivamente desde una perspectiva burocrática, ignorando la realidad de los municipios que llevan generaciones conviviendo y cuidando su costa. Lo que pedimos es diálogo, sensibilidad y sentido común”, ha añadido Ferrer.
Por último, ha insistido en la necesidad de defender un modelo que ha generado prosperidad en nuestro territorio. “Valoro positivamente el hecho de que la mayoría de grupos parlamentarios de distinta significación política apoyen esta reflexión sobre el litoral. Esta mayoría transversal muestra que existe una parte de la sociedad muy amplia que reclama soluciones y seguridad jurídica para proteger un modelo de economía familiar crucial, un posicionamiento turístico basado en las familias y la diversidad natural”, ha concluido la alcaldesa.
Jerez: “Es una llamada al sentido común”
El senador Miquel Jerez ha defendido que la reivindicación de los alcaldes costeros “es una llamada al sentido común frente a una política basada en la rigidez burocrática. La presencia en el Senado de alcaldes procedentes de distintos puntos del litoral español demuestra que no estamos ante casos aislados. Existe una preocupación generalizada por una política de costas que está generando inseguridad jurídica y que amenaza con romper el equilibrio entre la protección ambiental y la preservación de actividades tradicionales que forman parte del patrimonio de nuestras costas”.
También ha destacado que la moratoria es una medida urgente para evitar daños irreparables, pero que “la solución definitiva pasa por reformar la Ley de Costas”. Por eso, ha afirmado que es “fundamental” que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de ley presentada por el Partido Popular, “una iniciativa que permitirá aportar seguridad jurídica, reconocer las singularidades de los municipios costeros y proteger actividades tradicionales que forman parte de nuestro patrimonio social y económico”.