29 de abril de 2026
El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este mediodía una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España el refuerzo urgente de medios humanos y materiales en las oficinas de extranjería del archipiélago, con el objetivo de resolver el elevado volumen de expedientes pendientes.
Actualmente, más de 10.800 solicitudes siguen sin resolverse en Baleares, una situación que, según la iniciativa aprobada, refleja un problema estructural en la gestión administrativa que depende exclusivamente del Estado. Este colapso afecta directamente tanto a los trabajadores extranjeros como a sectores clave de la economía balear —como la hostelería, el comercio, la construcción o los servicios— que necesitan mano de obra con su situación regularizada.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado Jacobo Varela en la Comisión de Asuntos Institucionales, quien ha subrayado que “el principal problema no es la falta de trabajadores, sino la demora en la tramitación de expedientes que, en muchos casos, corresponden a renovaciones o solicitudes que cumplen con la legalidad vigente. Por ello, defendemos que una resolución ágil permitiría incorporar de forma inmediata a muchas personas al mercado laboral”.
En este contexto, el popular ha asegurado que “es única y exclusivamente un problema de falta de medios y mala gestión por parte del Gobierno de España. Antes de abrir nuevas vías extraordinarias, resolvamos las ordinarias”. Asimismo, ha criticado que “el Ejecutivo central plantee procesos de regularización extraordinaria sin haber resuelto previamente los expedientes pendientes”, al considerar que esto genera inseguridad jurídica y no ataja el problema de fondo.
La proposición aprobada reclama al Gobierno de España más personal y recursos para las oficinas de extranjería en Baleares, prioriza la resolución de los expedientes ya presentados y ajustados a la legalidad y rechaza medidas que amplíen prestaciones o servicios a personas que aún no cuentan con autorización administrativa en vigor.
“Con esta iniciativa, se busca agilizar los procedimientos, dar seguridad jurídica a trabajadores y empresas, y garantizar el correcto funcionamiento del mercado laboral en las islas”, ha concluido Varela.