- Insta al Govern balear a permitir la quema controlada de resto de poda de origen silvestre, forestal o maleza propia de las fincas.
- Advierte que la normativa actual es susceptible de provocar un progresivo abandono de las fincas rústicas y superficies forestales.
28 septiembre, 2022
El Partido Popular de Eivissa ha presentado una iniciativa a sustanciar en los plenos municipales solicitando al Govern balear que, en el ámbito de sus competencias, haga una interpretación extensiva de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminante para una economía circular y permita la quema controlada de restos vegetales de origen silvestre, forestal o maleza propia de las fincas rústicas.
Esta normativa no permite la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola, salvo cuando se disponga de la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema y siempre que obedezca a razones de carácter fitosanitarias.
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern balear publicó el 6 de agosto una resolución para la autorización excepcional por razones fitosanitarias. Esta resolución solo cubre los restos vegetales, exclusivamente de origen agrario, procedentes de muy determinados cultivos productivos. Los demás restos vegetales no están incluidos en esta resolución, con lo que todos los restos vegetales de jardines, así como restos vegetales de origen silvestre, ya sean procedentes bosque, de “marges”, paredes de “feixa” y maleza que se encuentre en las fincas, no podrán ser eliminado si no es mediante la trituración y posterior tratamiento o utilización.
Según el Partido Popular de Eivissa, esta resolución deja fuera a la mayoría de las fincas que hasta ahora eliminaban controladamente restos vegetales producto de la limpieza y mantenimiento de los terrenos. Si la resolución del Govern balear no se interpreta en sentido más amplio, el titular de la explotación deberá proceder a su eliminación con una máquina trituradora o bien trasladar todos los restos hasta una planta de tratamiento para su compostaje, asumiendo el coste añadido que representa una u otra opción.
A todo esto, se suma la imposibilidad material que tiene la planta de compostaje para asumir, ni tan siquiera, moderadas acumulaciones de restos vegetales de forma simultánea, circunstancia ésta susceptible de provocar un colapso de la propia planta en tanto no aumente su capacidad de tratamiento.
Por todo ello, el Partido Popular exige al Govern que extienda el alcance de la resolución a todos aquellos supuestos relacionados con la quema “in situ” de los restos vegetales que no contempla la normativa, de tal manera que se permita la quema controlada de estos y se posibilite el mantenimiento de las fincas como se ha hecho tradicionalmente.
Por último, cabe señalar la amenaza que esta situación representa para el campo ibicenco, pues esta normativa podría significar el paulatino y progresivo abandono de fincas rústicas y forestales, y muy especialmente estas últimas donde las dificultades de acceso y la propia orografía del terreno requieren que la eliminación se produzca en el mismo lugar.