Los ‘populares’ habían advertido a la coalición PSOE-Guanyem que si adjudicaban este contrato incurrirían en un posible delito de prevaricación
Eivissa, 29 de marzo de 2017.- El grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa ha mostrado su satisfacción por la decisión del equipo de Gobierno de “ajustarse a la legalidad” y declarar desierto el procedimiento para la contratación del servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de una mancomunidad entre Eivissa y Sant Antoni para la gestión de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado de los dos municipios. La decisión del Consistorio se adoptó una semana después de que los ‘populares’ advirtieran públicamente a PSOE y Guanyem que incurrirían en un posible delito de prevaricación si adjudicaban definitivamente este servicio.
La única empresa que se presentó a la licitación para prestar estos servicios de asistencia técnica y jurídica por un importe de 54.450 euros fue adjudicataria anteriormente de la ‘Memoria de Análisis de la propuesta de creación de una Mancomunidad para la gestión de los Servicios de Suministro de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Eivissa y Sant Antoni de Portmany’, fechada en octubre de 2016 y por la que se abonaron 20.000 euros, lo que -a juicio de los ‘populares’- la invalidaba para optar al nuevo contrato, según el pliego de condiciones administrativas.
El pliego de condiciones administrativas del expediente de contratación número 18557/2016 relativo al servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de la futura mancomunidad establece en su apartado 4.1 que “no pueden concurrir a la licitación las empresas que han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de este contrato”.
Además, el pliego de condiciones técnicas señalaba claramente en el apartado 6 que “el Ayuntamiento de Eivissa entregará al adjudicatario el estudio económico y de viabilidad de la creación de la Mancomunidad”, no a todos los licitadores, lo que -en opinión del Partido Popular- hubiera provocado restricciones en la libre concurrencia y hubiera supuesto un trato privilegiado respecto al resto de posibles empresas licitadoras.
La concejal del Partido Popular María Fajarnés explicó el pasado 16 de marzo -una semana antes de que el Gobierno municipal haya declarado desierto el procedimiento- que se trataba de una “ilegalidad manifiesta” y que la simple admisión de esta empresa a participar en el expediente de contratación ya suponía “un fraude de ley”. “Esta empresa debería haber sido excluida desde el primer momento, ya que era la única que no se podía presentar a la licitación al incumplir el Pliego de Cláusulas Administrativas”, aseguró entonces Fajarnés.
Desde el Partido Popular advirtieron al alcalde Rafael Ruiz que se reservaban las acciones legales oportunas en el caso de que la coalición de gobierno adjudicara definitivamente a la empresa PW Advisory&Capital Services, por lo que los ‘populares’ han celebrado que la coalición PSOE-Guanyem haya declarado desierto el procedimiento, “aunque sea con la excusa de supuestos incumplimientos de las cláusulas respecto de la acreditación de la solvencia técnica”, afirman los ‘populares.
En el momento de la denuncia del grupo Popular, el expediente de contratación se encontraba en la fase de adjudicación definitiva, a la espera de que la única empresa que se presentó al concurso respondiera al requerimiento de subsanación que le hizo el Ayuntamiento.