El PP lamenta que Ruiz haya decidido pleitear con el Estado en lugar de retirar su oferta de empleo público ilegal

El PP lamenta que Ruiz haya decidido pleitear con el Estado en lugar de retirar su oferta de empleo público ilegal

  • Los ‘populares’ ya advirtieron al alcalde hace más de tres meses de que el acuerdo de su equipo de Gobierno acabaría en los tribunales por infringir la ley

Eivissa, 30 de mayo de 2017.- El grupo Popular ha lamentado la decisión del alcalde de Eivissa, Rafael Ruiz, de mantener su decisión de no anular la Oferta de Empleo Público para 2016 -tal como le fue requerido por la Delegación de Gobierno de Balears el pasado mes de febrero-, lo que ha abocado al Ayuntamiento a enfrentarse a la Abogacía del Estado en un proceso contencioso-administrativo. La portavoz de los ‘populares’ en Vila, Virginia Marí, ha señalado que PSOE y Guanyem siguen mantenido un “pulso a la legalidad” y  ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno de Vila por “arrastrar a la institución a un pleito con el Estado”.

Como se recordará el 10 de febrero, la Delegación del Gobierno de les Illes Balears efectuó un requerimiento de anulación de la Oferta de Empleo Público del año 2016, aprobada el 23 de diciembre por la Junta de Gobierno Local, que preside Ruiz, por incumplir la legalidad vigente. Según figuraba en el requerimiento, el acuerdo aprobado por la Corporación infringe el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos General del Estado para el año 2016 y vulnera además el artículo 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Expirado el plazo de un mes para proceder a la anulación sin respuesta del Consistorio ibicenco, la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca.

La citada oferta incluía seis plazas de auxiliar administrativo, una plaza de letrado, una de monitor sociocultural, una de celador turístico comercial, una plaza de operario de limpieza y la reposición de siete plazas de Policía Local. Sobre las plazas de agentes de la Policía Local, el requerimiento no planteaba ninguna duda. Las restantes plazas incumplirían la limitación impuesta para la incorporación de nuevo personal fijada en un incremento del 1 por ciento en el Capítulo de Personal y la prohibición legal de nuevos nombramientos de funcionarios interinos.

Marí ha recordado que el Partido Popular impugnó los presupuestos de 2016 y ha impugnado los presupuestos de 2017 por sus dudas sobre el capítulo I (gastos de Personal), “independientemente de no compartir unas cuentas municipales que apostaban por malgastar el dinero público, sangrar a los vecinos con subidas de tasas e impuestos y priorizar sueldos y pagos políticos por encima del bienestar general”. A juicio de los ‘populares’, este proceso contencioso administrativo viene a dar la razón a los concejales del Partido Popular en los reparos que han venido manteniendo sobre la política de Personal y Presupuestaria del actual equipo de Gobierno y han añadido que “cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de este recurso debería ser asumina personalmente por el equipo de Gobierno y con cargo a sus propios bolsillos”.

 

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