Miguel Jerez: “La comisión de investigación de las carreteras de Eivissa ha sido una comisión del rencor, de la venganza y de la revancha”

Miguel Jerez: “La comisión de investigación de las carreteras de Eivissa ha sido una comisión del rencor, de la venganza y de la revancha”

  • Jerez avanza que, con toda probabilidad, el grupo parlamentario popular llevará el caso Carbonero a Fiscalía, “máximo responsable de las decisiones no ajustadas a derecho que se han tomado en el proceso de adjudicación y gestión de las carreteras de Eivissa”

 

El grupo parlamentario popular ha presentado sus conclusiones sobre la comisión de investigación de las carreteras de Eivissa, un proceso de fiscalización que para el diputado popular Miguel Jerez “tal y como dijimos desde el principio, ha sido absolutamente innecesario: La adjudicación y gestión de las carreteras de Eivissa ya ha estado fiscalizado por la administración pública: por la abogacía y la intervención de la Comunidad Autónoma, y por la Fiscalía, que determinó que no había ningún tipo de imputación de carácter penal en todo este proceso”. Por ello, los populares consideran que se trata de una comisión que se ha abierto “por un interés político, de venganza y revancha que tienen los partidos de izquierdas por el Partido Popular, una obsesión enfermiza sobre el proceso de construcción de unas carreteras que se han demostrado necesarias para la isla de Eivissa”.

Jerez ha explicado que el próximo lunes el grupo parlamentario popular defenderá sus conclusiones en la comisión “y, con toda probabilidad puedo anticipar que se impondrá la voluntad de la mayoría que conforman los partidos parlamentarios que apoyan al Govern”. El diputado popular asegura que el PP será absolutamente “ignorado, despreciado y no se tendrá en cuenta sus conclusiones ya que por los antecedentes todo indica que será así”. De este modo, ha explicado que cuando se preparó esta comisión, el grupo parlamentario popular presentó un plan de trabajo con una serie de comparecientes y documentación que se consideraba debía ser analizada. “Pues bien, la única opción que se aprobó fue el plan de trabajo con los comparecientes propuestos por la izquierda, los nuestros fueron ignorados. Además, en todas las ocasiones que hemos propuesto ampliar el plan de trabajo e incluir nuevos comparecientes, se nos ha negado rotundamente, lo que demuestra que no había voluntad de conocer la verdad, sólo la verdad que persigue el pacto de izquierdas. Unas conclusiones que estaban redactadas de inicio y por eso, no nos sorprenden”.

Así, se preguntan los populares por qué ha tenido que comparecer Jaume Matas y no Francesc Antich, o Pere Palau y no Xico Tarrés, por qué Biel Company y no Jaume Font, o por qué no ha comparecido, por ejemplo, Ramón Socías que era responsable de los cuerpos y fuerzas del Estado en aquel momento. “La izquierda ha querido hacer de fiscales y de jueces en este proceso, hacer de lo que no les corresponde. Por ello, consideramos que no se ha perseguido un proceso de adjudicación y gestión de las carreteras sino a personas con nombres y apellidos”.

Junto a Miguel Jerez ha comparecido el diputado popular Toni Camps, quien ha señalado que en las conclusiones de los populares se señala a Jaume Carbonero, conseller de Obras Públicas en el Govern de Antich, como responsable de favorecer a las concesionarias en más de 100 Millones de euros, por la reinterpretación que hizo de las clausulas 55.4 y 55.5 recogidas del Estudio de Viabilidad Económico Financiero. Para Camps “el único sobrecoste se produjo por Jaume Carbonero, lo dicen dos sentencias que han estado aportadas a la Comisión de Investigación y que condenan actitudes y comportamientos que el Sr. Carbonero perpetró para beneficiar a las concesionarias con importes que superan los 100 millones de euros”. Según Camps, para llegar a este punto no hace falta ninguna comisión, lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sentencias demostradas que los tribunales han dictaminado. “La mayor irregularidad que se ha perpetrado durante este proceso ha sido la reinterpretación de estas cláusulas y que condena a la Comunidad Autónoma a pagar más de 100 millones de euros a las concesionarias y lo hizo, además, estando en funciones”, señala Camps. Los populares se preguntan qué interés tenía Carbonero en que esto se resolviera así y consideran que esto debería ser objeto de una investigación más profunda por parte de Fiscalía.

Por ello, Jerez y Camps han avanzado que el próximo lunes el grupo parlamentario popular presentará sus conclusiones en las que responsabiliza a Jaume Carbonero de tomar decisiones no ajustadas a derecho y que tienen, por lo tanto, que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. “Una vez que el Tribunal Supremo resuelva lo que deba resolver sobre los recursos interpuestos por la concesionaria, luego el grupo parlamentario popular actuará en consecuencia y lo más probable es que se lleve el caso Carbonero a Fiscalía”.

 

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