José Vicente Marí Bosó: “Estos 20 meses de gobiernos progresistas en las islas se caracterizan por la parálisis y toma de decisiones que perjudican a los ciudadanos”

José Vicente Marí Bosó: “Estos 20 meses de gobiernos progresistas en las islas se caracterizan por la parálisis y toma de decisiones que perjudican a los ciudadanos”

Los populares señalan que ya hay efectos negativos de las políticas erráticas de los gobiernos PSOE/Podem en el ámbito turístico, con el intento de legalización de los pisos turísticos en plurifamiliares, en urbanismo, con la aprobación de la Norma Territorial Cautelar ‘arbitraria y nula de pleno derecho’, con la desaceleración económica y de creación de empleo, y con el descenso en el nivel de confianza de los empresarios

Eivissa, 18, enero, 2017.- El presidente del PP Eivissa, José Vicente Marí Bosó, junto a la secretaria general, Ana Costa, y el portavoz del grupo popular en el Consell, Mariano Juan, han hecho una valoración de los 20 meses de gobiernos progresistas en distintas instituciones de las islas, Govern, Consell de Eivissa y diversos ayuntamientos, asegurando que se caracterizan por “la parálisis y la toma de decisiones con políticas equivocadas que perjudican directamente a los ciudadanos”. Para el presidente de los populares ibicencos, todo ello puede percibirse con hechos concretos, como la moratoria de la Ley del Suelo, la moratoria de la Ley de Turismo, la moratoria de la Ley Agraria, y la Norma Territorial Cautelar del PTI, una “dinámica de paralización que ya comienza a tener sus efectos negativos: el segundo trimestre del 2016, Eivissa tenía un crecimiento económico al ritmo del 4%, mientras que en el tercer trimestre ese ritmo bajó al 3’4%, lo que señala que se está desacelerando nuestra economía; en el 2015 se redujo el paro en Eivissa un 12% con respecto al 2014, en el 2016 únicamente hemos reducido el paro un 6% con respecto a 2015; en el 2015, las nuevas contrataciones fueron 354 con respecto a 2014, en 2016 las nuevas contrataciones con respecto a 2015 han sido solo 29; por último, hemos conocido que Baleares es una de las comunidades españolas donde más baja la confianza empresarial en el primer trimestre del año”.

Para Bosó todo ello da muestra de los efectos negativos de las políticas equivocadas del Govern y Consell Insular de Eivissa y se ha referido concretamente a dos áreas: turismo y territorio. A nivel turístico, Bosó ha indicado que ayer finalizó el plazo de presentación de alegaciones a la modificación de la Ley Turística para legalizar alquileres turísticos ilegales, una normativa a la que los populares se oponen. El grupo parlamentario popular en el Parlament IB ha pedido que se devuelva el texto de esta reforma al Govern porque, entre otras cosas, “mientras se desarrolla un discurso de supuesta saturación turística en nuestras islas, quieren legalizar estos alquileres con lo que ello supondría de aumento de oferta. Creemos que se ha de mantener la prohibición de prestación de servicios turísticos en plurifamiliares y en ese sentido valoramos muy positivamente el interés manifestado por la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, por estudiar las posibilidades de incrementar el control sobre este tipo de alquiler y también sobre las comercializadoras”. Para el presidente del PP Eivissa, frente a este rechazo unánime de la sociedad ibicenca, juntando a sector hotelero, sindicatos, agentes sociales y partidos políticos, el único que ha nadado ‘contracorriente’ siguiendo los dictados de Biel Barceló, ha sido el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, “lo que debe hacer el señor Torres es activar los mecanismos de disciplina, de inspección y control turístico. Después de 20 meses ecuchando al presidente del Consell de Eivissa hablar de Montoro, nos encontramos con que hay posibilidad de crear 19 nuevas plazas en el Consell y sólo se ha destinado una de ellas a inspección turística, ¿es así como pretenden mejorar el control sobre los servicios turísticos ilegales”, se pregunta Bosó.

Por otro lado, a nivel territorial, los populares han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la Norma Territorial Cautelar, entre otras cosas, porque consideran que se trata de una norma ‘nula de pleno derecho, que no está suficientemente motivada y que no desarrolla un diagnóstico de la situación real y de los efectos del PTI en vigor”.

Següent entrada:
Entrada anterior
Coneix més sobre...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *